La duplicación de las rutas PY02 y PY07, ejecutadas por empresas asociadas al senador Luis Pettengill, representará un costo para el Estado tres veces mayor al original bajo la modalidad de alianza público-privada (APP). Esta situación contrasta con lo que se hubiera obtenido mediante una concesión por licitación, y comprometerá financieramente a la población durante tres décadas.
El incremento en el presupuesto y las modalidades de pago se acentuaron cuando el consorcio con la firma de Pettengill emergió como el único competidor en la licitación.
Durante la ejecución de la obra, se registraron múltiples modificaciones contractuales que beneficiaron a los contratistas, en particular al consorcio Rutas del Este. Este consorcio está compuesto por la firma Ocho A S.A., en la que Pettengill posee el 40% de las acciones, y las empresas Mota Engil y Sacyr.
El tramo Ypacaraí-Caaguazú, que abarca unos 149,5 km, tenía un costo proyectado de USD 1,1 millones por km. Sin embargo, este valor ha ascendido a USD 3,4 millones por km.
Documentos presentados ante la Fiscalía, firmados por Ricardo Canese y Ricardo Hermann Pankow, indican que la construcción de la obra vial aumentó sus costos al optarse por la modalidad APP en lugar de una licitación tradicional.
El consorcio Rutas del Este, que se presentó como el único oferente entre 11 empresas preseleccionadas, estableció un sistema de pagos que incluye tres ingresos: el pago diferido de inversión, pago por disponibilidad (PPD) y un pago variable de administración relacionado con el tráfico y los ingresos por peaje durante 30 años.
Además, se ha revelado que el senador Pettengill, a pesar de las restricciones legales, sigue vinculado a otras empresas proveedoras del Estado. Su empresa, Frigorífico Guaraní, tiene contratos con los ministerios del Interior y de Justicia que suman más de G. 25.000 millones.
Desde la oposición, ya se ha comenzado a discutir la posibilidad de una pérdida de investidura para Pettengill debido a un conflicto de intereses evidente. La senadora liberal Celeste Amarilla ha señalado que la situación actual representa una violación a la Constitución, lo que es más grave que una simple infracción a la ley de conflicto de intereses.
Si leíste hasta aquí y te resultó interesante, compartí la nota en tus redes sociales y seguí leyendo otras notas de tu interés.
Y no te olvides de darnos tu opinión en la encuesta que vas a encontrar mas abajo. Gracias!!
