En una sesión extraordinaria y de manera sorpresiva, los diputados paraguayos han modificado la Ley Nº 7.089/2023, que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública. Este cambio, que no estaba previsto en el orden del día, se llevó a cabo en tan solo siete minutos, desde las 11:58 hasta las 12:05, evidenciando la premura de los legisladores.
La modificación apunta específicamente a que las restricciones y obligaciones de declarar posibles motivos de conflicto de interés no incluyan a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad.
Esto significa que suegros, nueras, hijastros, cuñados, tíos, primos o personas sin vínculo sanguíneo directo quedarían excluidos de la ley, limitando la afectación de esta normativa a la vinculación con la esposa e hijos del funcionario.
El diputado Jorge Ávalos Mariño, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue el único orador durante el proceso. Ávalos Mariño argumentó que la propuesta original de los diputados ya establecía este límite y que la ampliación del artículo complicaría no solo la presentación de posibles conflictos, sino también el control por parte de la Contraloría.
Además, Ávalos Mariño reconoció que existía temor entre los legisladores respecto a las sanciones que podrían enfrentar, ya que la ley establece el incumplimiento de sus disposiciones como causal de mal desempeño en sus funciones, lo que podría llevar a la pérdida de investidura.
En este sentido, los legisladores no solo están obligados a declarar vínculos comerciales o de eventual conflicto de interés, sino también a excusarse en temas que puedan generar confrontación con sus intereses.
Esta modificación ha generado preocupación entre la ciudadanía y diversos sectores, ya que la exclusión de familiares podría habilitar negociados y prácticas corruptas, debilitando la transparencia y la integridad en la función pública.
La rapidez con la que se llevó a cabo el cambio en la legislación también ha suscitado interrogantes sobre la motivación detrás de esta decisión y la posible urgencia de algunos legisladores por modificar la ley.
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