Condena de Galeano tensiona debate político en el Senado
La condena a 13 años de prisión contra el senador Erico Galeano (ANR, oficialismo) por lavado de activos y asociación criminal en el marco del caso Operativo A Ultranza Py abrió un fuerte debate en el Senado sobre su continuidad en la Cámara Alta. Mientras la oposición plantea su renuncia o una eventual pérdida de investidura, desde el oficialismo admiten que la decisión tendrá un componente político.
Oficialismo aún analiza el caso
El senador Derlis Maidana (ANR) señaló que la bancada oficialista todavía no definió una postura sobre la situación del legislador.
“Hay una cuestión política que analizar, así como una cuestión jurídica. Lo único que puedo mencionar es que la Constitución Nacional que se refiere al tema de la pérdida de investidura”, expresó el parlamentario al referirse al debate que se abre en el Congreso.
Según explicó, primero deberán estudiar el alcance de la resolución judicial antes de adoptar una posición definitiva.
“Para nosotros es una situación difícil. Todavía no pudimos ver el alcance de la resolución de la condena. Tenemos que analizar eso y luego tomar una postura definitiva”, sostuvo.
La Constitución y la pérdida de investidura
El marco legal que regula la eventual remoción de un legislador es el Artículo 201 de la Constitución Nacional, que establece la pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o uso indebido de influencias.
Maidana señaló que el análisis del caso combinará elementos jurídicos con una evaluación política dentro de la bancada.
“La decisión que tenemos que tomar es más política que jurídica. A partir de la próxima semana seguramente vamos a tener una reunión para conversar sobre este tema”, afirmó.
Oposición plantea salida del Senado
Desde la oposición surgieron pedidos para que Galeano abandone su banca en el Senado tras la condena dictada por un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.
El senador Éver Villalba (PLRA) sostuvo que el legislador no debería continuar en funciones.
“Él no puede seguir opinando sobre leyes que hacen al combate al crimen organizado si ya fue condenado”, afirmó.
Villalba incluso planteó que Galeano debería presentar su renuncia voluntaria para evitar un proceso de pérdida de investidura.
Debate ético y jurídico en el Congreso
La senadora Esperanza Martínez (PPC) sostuvo que el caso también abre una discusión ética dentro del Parlamento.
“Yo creo que el senador Galeano tiene que renunciar mínimamente, tiene que en algún momento tener algún gesto ético”, expresó.
La legisladora agregó que la eventual pérdida de investidura implica una medida fuerte contra un legislador electo por voto popular, pero consideró que el Senado deberá evaluar el caso entre “lo legal, lo ético y lo justo”.
Dudas sobre la inhabilidad constitucional
Por su parte, el senador Rafael Filizzola (PDP) señaló que el caso también plantea una discusión jurídica sobre la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Recordó que la Constitución establece la inhabilitación de funcionarios condenados, aunque aclaró que esta figura requiere que la sentencia esté firme.
“Nosotros no nos podemos separar de la Constitución y la decisión que tomemos tiene que ser rápida y bien fundamentada”, sostuvo.
Mientras tanto, el Senado deberá definir en los próximos días si impulsa un proceso político interno o si espera el avance de las instancias judiciales del caso.
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