Diputados analizan salida laboral excepcional para Copaco
Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados propone una salida laboral excepcional para el personal de COPACO S.A., habilitando su transferencia directa a otras instituciones del Estado sin incorporar nuevos funcionarios a la administración pública.
El Congreso activa una respuesta social
El diputado José Rodríguez, representante de Capital por la ANR, presentó la iniciativa con el objetivo de responder a la prolongada crisis social y financiera que atraviesa la empresa estatal. El proyecto autoriza de forma excepcional la movilidad laboral del personal activo de Copaco hacia organismos del Estado que expresen formalmente su interés en sumar esos recursos humanos.
Un mecanismo ordenado y sin nuevos ingresos
La propuesta define el traslado como una modalidad de movilidad laboral prevista expresamente por una ley especial. De ese modo, excluye cualquier interpretación que lo equipare a nuevos ingresos a la función pública. Además, establece un procedimiento claro, limitado y específico para ordenar las transferencias y evitar decisiones discrecionales o improvisadas.
El Estado busca reutilizar su capital humano
En la exposición de motivos, el legislador remarca que numerosos funcionarios de Copaco poseen formación técnica y experiencia adquiridas con recursos estatales. Por ello, sostiene que el Estado puede aprovechar ese capital humano en instituciones públicas que hoy enfrentan déficits de personal especializado, sin incrementar el gasto público.
Garantías laborales para los trabajadores
El proyecto también protege de manera explícita los derechos laborales de los funcionarios transferidos. El texto garantiza la conservación de la antigüedad, los aportes previsionales y la seguridad jurídica, y evita que el traslado derive en pérdida de derechos o en una mayor precarización laboral.
Una empresa condicionada por su deuda
La iniciativa se inscribe en un contexto crítico para Copaco, cuya deuda ronda los 110 millones de dólares. Esa carga financiera reduce su capacidad operativa, limita las posibilidades de inversión y modernización, y complica el cumplimiento regular de salarios y beneficios, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.
Actualmente, el proyecto se encuentra en estudio en las comisiones asesoras. Si avanza, reabrirá el debate sobre el rol del Estado frente a empresas públicas en crisis y sobre cómo compatibilizar la sostenibilidad financiera con la protección del empleo.
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Todo es posible solamente que le dejen competir en el mercado. Y que no le deen privilegios a empresas extranjera que compitan en igualdad de condiciones