14 procesados reparan daño y un caso va a juicio
Catorce procesados ya admitieron hechos y ofrecieron reparaciones económicas que suman G. 1.447 millones al municipio de Asunción. El caso “detergentes de oro” avanza en varias ramas del expediente, mientras los principales acusados siguen pendientes de preliminar y un solo involucrado enfrentará juicio oral.
Admisiones masivas y reparaciones por más de G. 1.447 millones
En el expediente conocido como “detergentes de oro”, un grupo de 14 imputados optó por la suspensión condicional del procedimiento. Admitieron los hechos de lesión de confianza y asociación criminal y ofrecieron reparaciones que, entre pagos realizados y montos comprometidos, suman G. 1.447.400.000.
Los tres últimos en acceder a esta salida procesal fueron María Victoria Cano Torres, Pedro Ramón Cano Martínez y Benicio Antonio Cano Martínez, vinculados a Bastian Comercial. El acuerdo incluye una reparación de G. 120.000.000, aportes por daño social y control judicial por dos años.
Antes de ellos ya habían sido beneficiados Juan Rodríguez, propietario de COVA; Jorge Daniel Argüello Vielma; Agustín Fernández Estigarribia; exintegrantes del Comité de Evaluación y funcionarios de áreas clave del circuito de compras y pagos.
Todos admitieron su rol dentro de la estructura descrita por el Ministerio Público y ofrecieron montos individuales que van de G. 25.000.000 a G. 200.000.000.
El juez Rodrigo Estigarribia homologó los acuerdos y registró que la Municipalidad ya recuperó G. 1.447.400.000, con G. 120.000.000 adicionales pendientes en el caso del grupo Cano.
Roles y montos: cómo funcionaba el circuito de proveedores
Según la acusación, la estructura operaba a través de empresas adjudicadas durante la pandemia para proveer detergentes e insumos de limpieza. En varios casos, los productos no existían o se pagaron con sobreprecios evidentes.
Entre los proveedores principales, Juan Rodríguez, dueño de COVA, devolverá G. 680.000.000 más G. 5.000.000 por daño social.
Jorge Daniel Argüello Vielma, encargado del traslado de productos, abonará G. 25.000.000 y G. 2.500.000 por daño social.
Agustín Fernández Estigarribia, accionista de DFR S.A., reintegrará G. 140.500.000 y G. 4.000.000 de daño social.
El grupo Cano —María Victoria, Pedro Ramón y Benicio Antonio— comprometió G. 120.000.000 en total. La acusación sostiene que los productos supuestamente importados por Bastian Comercial no tienen respaldo documental.
En la franja de funcionarios e intermediarios destacan Víctor Ramón Frágueda Ortiz, Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez y Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera, exmiembros del Comité de Evaluación, quienes devolverán G. 25.000.000 cada uno.
Además, Nidia López de González (directora de Gestión y Reducción de Riesgos) deberá reintegrar G. 200.000.000; Elisa Brítez Carrera, G. 50.000.000; Miguel Lisboa, G. 60.000.000; y María Digna Escobar, G. 151.900.000.
Los acusados que siguen pendientes de preliminar
Mientras la mayoría resolvió su situación procesal, los acusados centrales siguen sin definición. Están pendientes de audiencia preliminar:
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Óscar Andrés “Nenecho” Rodríguez, exintendente de Asunción.
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Wilfrido Adrián Cáceres, exjefe de Gabinete.
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César Daniel Ojeda Figueredo, exconcejal y exintendente interino.
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Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, exdirector administrativo.
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Edwin López Cattebeke, exadministrador municipal.
La Fiscalía atribuye a Rodríguez la posición jerárquica más alta dentro del esquema, con control del Fondo Municipal para la Gestión y Reducción de Riesgos. Cáceres y Estigarribia Gavilán aparecen como piezas clave en la toma de decisiones y canalización de fondos. Ojeda deberá definir si va a juicio por lesión de confianza, mientras que López Cattebeke es mencionado en tareas operativas vinculadas a los contratos cuestionados.
La preliminar está trabada por recusaciones, especialmente las planteadas por la defensa de Ojeda. El expediente quedó ahora detenido en la Sala Penal.
Un solo procesado irá a juicio oral: el caso Fernández Rachid
Hasta el momento, solo una persona fue enviada a juicio oral: David Fernández Rachid, vinculado a DFR S.A., proveedor del detergente ALKA DDS. Debe enfrentar debate público porque su pedido de suspensión condicional fue rechazado. El fallo que admite la acusación describe pagos a G. 358.000 por un producto adquirido previamente por entre G. 110.000 y 120.000.
Fernández Rachid mantenía vínculo personal con el exintendente, con reuniones registradas en el marco de estas operaciones.
La acusación fiscal: un esquema que operó al margen del control
El Ministerio Público sostiene que se conformó una asociación criminal para desviar fondos del rubro 831 mediante compras irregulares realizadas en plena pandemia. La reglamentación para justificar el uso del Fondo Municipal se dictó después de los gastos, evitando así controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
En contratos como los de Bastian Comercial, la Fiscalía enfatiza que no existe constancia de importación ni prueba física de los productos. En otros, como los de DFR S.A., se comprobaron sobreprecios significativos.
La acusación coloca al exintendente Rodríguez en la cúspide de la estructura, con capacidad para habilitar gastos y delegar funciones a subordinados que monitoreaban áreas administrativas y de gestión de riesgos.
🔗 El Observador – Detergentes de oro: Unos 14 procesados ya aceptan hecho y devuelven G. 1.447 millones
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