Jueza frena intento de abogado y sacude caso Rodrigues
La jueza Lici Teresita Sánchez rechazó el pedido del abogado Óscar Tuma para anular las transferencias de tres inmuebles hechas por su cliente, Alexandre Rodrigues Gomes, procesado en Pavo Real Py II. Los bienes tienen medidas cautelares y pedido de comiso, por lo que la solicitud quedó fuera de lugar.
El pedido: cancelar transferencias con bienes ya cautelados
El abogado Óscar Luis Tuma Bogado pidió dejar sin efecto las transferencias de tres inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero. Fueron inscritos mediante las Escrituras Públicas N.º 51, 52 y 53 y entregados a él como pago de honorarios.
Tuma afirmó que los inmuebles debían quedar “a disposición plena” del juzgado para su cotejo, y aclaró que solo pedía la cancelación de tres bienes porque son los que tienen medidas cautelares. El cuarto inmueble no estaba afectado.
La solicitud llegó al despacho equivocado.
El rechazo: incompetencia del juzgado y rol de Senabico
La jueza Sánchez recordó que la causa sobre estas transferencias está radicada en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado a cargo de la jueza Rosarito Montanía. Por ley, la competencia es improrrogable. Por tanto, no puede tramitarse ante otro órgano.
Señaló además que las medidas cautelares fueron inscritas conforme al fallo AI N.º 253, del 10 de julio de 2025. Los bienes están bajo administración de Senabico, que actúa como tercero con interés directo en el proceso penal.
En su fallo AI N.º 400, la magistrada fue clara: este juzgado “es incompetente en razón de la materia” para cancelar transferencias o alterar inscripciones en el Registro Público.
Antecedentes: medidas, alteraciones en registros y causas abiertas
El caso se remonta a la operación Pavo Real Py II, realizada el 19 de agosto de 2024. Ese día, allanaron las viviendas del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes y de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, quien fue detenido. Los procedimientos estuvieron a cargo de los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
Al día siguiente, el juez Osmar Legal dictó el AI N.º 331 e impuso la inhibición general de enajenar bienes a Rodrigues. Tuma asumió la defensa el 20 de agosto y apeló la medida en la madrugada del 21.
El mismo 21 de agosto, según la imputación fiscal, la funcionaria de la DGRP Alcira Celeste Rodríguez Flores alteró datos del sistema: reemplazó la identidad de Rodrigues por “Alexandra Rodríguez Giménez”. Con ese cambio, la inhibición quedó neutralizada y se concretaron transferencias.
En causas paralelas están imputados Rodrigues, el abogado Óscar Tuma, la funcionaria Rodríguez y tres escribanas: Blanca Rossana Ozuna Leguizamón, María Luisa Verón de Jara y María Raquel Cáceres Olmedo. Los hechos que se investigan incluyen lavado de dinero, frustración de comiso, producción de documentos públicos falsos e instigación. La Fiscalía pide prisión preventiva para Rodrigues.
Efectos inmediatos del fallo
El fallo AI N.º 400 confirma que cualquier trámite sobre las transferencias debe resolverse en el juzgado especializado. Los inmuebles siguen bajo medidas cautelares y bajo la administración de Senabico.
El rechazo también mantiene abierta la investigación sobre las presuntas alteraciones registrales y las responsabilidades penales de los imputados, entre ellos el abogado Tuma.
¿Qué opinás sobre el rechazo al pedido de Tuma y el impacto procesal que genera en el caso Rodrigues?
Sumate a nuestro canal en WhatsApp y seguí los próximos movimientos judiciales del caso.
Se está estrellando de a poco, Tuma’í…qué metida de pata !!!
Se le viene la noche, parece.. .