Cámara destraba el caso Miguel Prieto y confirma al juez Otazú
El Tribunal de Apelación Penal Especializado rechazó el recurso de la defensa y confirmó al juez Humberto Otazú como magistrado competente en la causa del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
Con esta decisión, el proceso judicial queda destrabado y podrá avanzar hacia la audiencia preliminar, donde se definirá si el caso llega a juicio oral.
Rechazo del recurso y fallo dividido
El fallo, emitido por los camaristas Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, resolvió no dar trámite a la apelación planteada por el abogado Bruno Stiven Aguayo, defensor de Cirle Elizabeth Alcaraz, una de las acusadas junto a Prieto.
La decisión fue adoptada por mayoría, con voto disidente de Amarilla.
Criscioni y Luraghi coincidieron en que la resolución que rechaza una recusación “es irrecurrible”, según lo establece el artículo 39, inciso 3 del Código Procesal Penal, que reserva a la Corte Suprema de Justicia la competencia exclusiva sobre recusaciones dirigidas contra miembros de un Tribunal de Apelación.
Por ese motivo, el Tribunal resolvió no admitir el recurso y remitir el expediente al juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
La disidencia del camarista Amarilla
El camarista Gustavo Amarilla votó en sentido contrario. Argumentó que, en casos anteriores, permitió la sustanciación de recursos similares para que la Corte Suprema definiera la irrecurribilidad.
Señaló que la jurisprudencia aún no está consolidada y que su intención era que el máximo tribunal reafirme el criterio.
No obstante, su postura quedó en minoría y el voto mayoritario de Criscioni y Luraghi terminó ratificando a Otazú como magistrado de la causa.
Los cargos contra el exintendente
El proceso contra Miguel Prieto y otros acusados investiga presuntas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia de COVID-19.
Según la acusación del Ministerio Público, la operación habría generado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Los delitos atribuidos son administración en provecho propio, lesión de confianza y asociación criminal.
La audiencia preliminar, ahora sin trabas procesales, será el paso previo a decidir si el caso se eleva a juicio oral y público.
Confirmación procesal y próximos pasos
Con la resolución del tribunal, el juez Humberto Otazú queda confirmado al frente del expediente y podrá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar.
Fuentes judiciales confirmaron que no existen más recursos pendientes.
El proceso, detenido desde inicios de octubre por la recusación, vuelve a su curso normal y podría tener avances en las próximas semanas.
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