Piden lista de exsenadores jubilados para denunciarlos ante la Fiscalía
El economista Sergio Lovera Cañete y el abogado Teodoro Melgarejo solicitaron formalmente a Basilio “Bachi” Núñez la lista de exparlamentarios que accedieron a la jubilación parlamentaria. La intención es presentar denuncias por apropiación y estafa ante la Fiscalía.
El pedido incluye el número de legisladores que se jubilaron con 5 y 10 años de aporte, los montos abonados y el total acumulado de pagos. También solicitan la normativa que permitió este régimen y el origen de los fondos, incluyendo impuestos directos, indirectos o transferencias del Ministerio de Economía.
Argumentos del reclamo
En un video, Lovera recordó que los parlamentarios no son empleados del Congreso y no están bajo el Ministerio de Trabajo, sino regidos por el Código Electoral Paraguayo.
“Su función es legislar, no percibir beneficios previsionales especiales financiados por todos los paraguayos”, afirmó.
Según el economista, más de 85 exparlamentarios cobran actualmente esta jubilación, financiada con impuestos que afectan de forma proporcionalmente mayor a sectores vulnerables.
Datos sobre el subsidio
Lovera señaló que, en 2022, los 125 congresistas aportaron en total G. 5.000 millones. El Estado sumó G. 17.000 millones adicionales como subsidio, alcanzando G. 22.000 millones pagados a 85 beneficiarios. Esto significa que 77% del total provino de impuestos.
“Esto no solo es inmoral, es inconstitucional y constituye un hecho punible”, sostuvo.
También responsabilizó a ex y actuales ministros de Hacienda por imputar estos montos al fondo parlamentario de forma “irregular y arbitraria”.
Pedido de devolución
Lovera pidió a los partidos de oposición que los jubilados devuelvan lo subsidiado y que quienes aún no se jubilaron renuncien al beneficio. Calificó el subsidio como inconstitucional y equivalente a apropiación y estafa.
En su planteo, reclama que la Fiscalía de Delitos Económicos impute, procese, desafuere, embargue y exija la devolución con intereses moratorios y punitorios. También propone que cada Caja Fiscal sea administrada por su propio sector (Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, docentes y funcionarios públicos).
¿Debe la Fiscalía actuar de oficio contra quienes cobraron la jubilación parlamentaria?
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