Cae la ejecución de pena para exintendente cuestionado

Exintendente de Arroyito compurgará condena por corrupción en 2030

El juez de Ejecución, Carlos Mendoza, fijó el cómputo definitivo de la pena para el exintendente de Arroyito, Samuel González Valdéz, condenado por lesión de confianza. La pena se extenderá hasta el 18 de julio del 2030, fecha en que se dará por compurgada su condena.

El exjefe comunal había sido condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Sentencia Colegiado Especializado en Crimen Organizado N° 2, mediante la Sentencia Definitiva N.º 71, dictada el 18 de marzo de 2022. El fallo quedó firme el 19 de julio de 2024, pero su ejecución se postergó debido a una acción de inconstitucionalidad promovida en septiembre de ese mismo año.

Finalmente, González Valdéz fue detenido la semana pasada para el inicio del cumplimiento efectivo de su pena.

Fechas clave: salida transitoria y libertad condicional

Según el cómputo oficial, el exintendente podrá acceder a una salida transitoria a partir del 18 de enero de 2028, y solicitar su libertad condicional desde el 18 de octubre de 2028, cuando cumpla las dos terceras partes de la condena impuesta.

Perjuicio comprobado: más de G. 722 millones

Durante el juicio se comprobó que, entre 2018 y 2019, causó un perjuicio de G. 722.600.000 a la Municipalidad de Arroyito (Departamento de Concepción). Los fondos mal utilizados provenían del Fonacide y de royalties, con destino al Objeto de Gasto 520 “Construcciones”.

De las ocho obras financiadas con esos fondos, cinco presentaron serias irregularidades, según auditorías de la Contraloría General de la República.

Obras no ejecutadas o parcialmente construidas

Los peritajes concluyeron que existió un esquema coordinado entre funcionarios municipales y contratistas, que permitió justificar obras no ejecutadas o solo parcialmente realizadas, mediante documentos que no reflejaban la realidad.

El daño patrimonial fue confirmado y la justicia halló responsables por medio de adjudicaciones ficticias y uso indebido de fondos públicos.


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