Contraloría confirma malos manejos en Ñemby y Azotey
La Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples irregularidades en las municipalidades de Ñemby y Azotey, administradas por Tomás Olmedo (ANR) y Sergio Ferreira (PLRA), respectivamente. En ambos casos, la mayoría de las observaciones realizadas por el ente contralor se mantienen vigentes, pese a los descargos presentados por los intendentes.
Ñemby: solo 5 de 40 observaciones fueron subsanadas
La administración de Tomás Olmedo, jefe comunal de Ñemby, solo logró levantar parcialmente cinco de las 40 observaciones formuladas por la CGR. La auditoría abarcó el ejercicio fiscal 2023 y el primer semestre del 2024.
Entre las irregularidades detectadas figuran:
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Bonificaciones sin respaldo técnico por G. 341.537.031.
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Honorarios profesionales sin documentación por G. 181.241.661.
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Compras sin comprobantes por más de G. 500 millones.
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Pagos anticipados antes de firmar contratos por G. 10.000 millones (empedrados) y G. 3.000 millones (iluminación).
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Falta de publicación de pagos por iluminación por G. 5.971 millones en la DNCP.
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Cheques de becas estudiantiles sin destinatarios claros por G. 18.541.500.
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Transferencias sin rendición de cuentas por G. 367.302.000.
Además, según el informe, la municipalidad no aplicó el Plan de Racionalización del Gasto, y no remitió al Ministerio de Economía y Finanzas los datos requeridos sobre transferencias a organizaciones sin fines de lucro.
La Junta Municipal de Ñemby presentó en noviembre de 2023 un pedido de intervención, que continúa pendiente en la Cámara de Diputados.
Azotey: falencias graves en control de recursos
En el caso de Azotey, la CGR ratificó 17 de las 27 observaciones hechas a la gestión de Sergio Ferreira. Las 10 restantes solo fueron subsanadas de forma parcial.
El informe de auditoría, centrado en el ejercicio 2023, revela una grave falta de control interno, especialmente en lo relacionado al almuerzo escolar. Entre los puntos destacados figuran:
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Pago de G. 115 millones a jornaleros sin legajo.
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Ausencia de documentos en pagos por servicios técnicos, combustibles y lubricantes por más de G. 250 millones.
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Falta de orden de compra y control de calidad en la provisión del almuerzo escolar.
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Sin registros sobre cantidad de platos servidos ni monitoreo a escuelas beneficiadas.
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Pagos sin respaldo en sueldos, servicios sociales, mantenimientos y combustibles.
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Falta de publicación de contratos en la DNCP.
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Maquinarias del parque automotor sin logotipo institucional, lo que impide el seguimiento de su uso.
La Contraloría concluyó que estos elementos evidencian una gestión con controles débiles y falta de trazabilidad.
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