Condena exprés por el rapto que paralizó a Barrio Obrero

Fiscalía, cámaras y frontera: así cayó la mujer que robó una recién nacida

En un procedimiento abreviado, la ciudadana argentina Natalia Edith González fue condenada por violación de la patria potestad tras admitir que raptó a una recién nacida del Hospital Barrio Obrero. La jueza Cynthia Lovera le impuso seis meses de prisión, pena ya compurgada, y ordenó su expulsión inmediata del país, con expresa prohibición de retorno.

El hecho ocurrió el 16 de enero de 2025, a las 14:14, cuando González ingresó al área de maternidad haciéndose pasar por enfermera. Engañó a la madre de la bebé, Yadira Ayelen González Barrios, con el pretexto de realizar un control, y abandonó rápidamente el hospital con la recién nacida en brazos.

Un escape documentado en cámaras

Las imágenes del circuito cerrado del nosocomio y de zonas aledañas fueron clave para reconstruir la fuga. González abordó un colectivo de la línea 38, bajó en el Mercado 4 y luego tomó otro rumbo a Puerto Falcón o Nanawa. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Horas después, en la zona comercial conocida como Pasarela, en el límite con Clorinda, Argentina, agentes policiales la detectaron con la bebé en brazos. Al notar la presencia policial, intentó escapar. Fue reducida mediante el uso proporcional de la fuerza y la recién nacida fue rescatada ilesa.

Una condena con enfoque en la reinserción

Durante la audiencia, González admitió su responsabilidad y dio consentimiento para el procedimiento abreviado. También aceptó su expulsión del territorio paraguayo, según el requerimiento de la fiscal Laura Finestra. La madre de la víctima expresó su conformidad con la resolución.

En su análisis, la jueza Lovera consideró factores como el arrepentimiento, la capacidad de autodeterminación de la procesada, y su nivel educativo, argumentando que “es posible que la hoy incoada pueda reinsertarse a la sociedad y a una vida sin necesidad de delinquir”.

Prohibición de regreso y cierre judicial

Además de la condena penal, la jueza declaró a González civilmente responsable y dejó constancia de que no podrá reingresar al país. En caso de hacerlo, será nuevamente expulsada. El caso cerró judicialmente, pero abrió debates en torno a la seguridad hospitalaria y los alcances del procedimiento abreviado en delitos con fuerte impacto social.


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