Walter Acosta, imputado por coacción y resistencia, recupera su libertad bajo estrictas medidas alternativas
El abogado Walter Ramón Acosta, imputado por los delitos de coacción, coacción grave y resistencia, fue beneficiado con la libertad ambulatoria tras más de un mes de reclusión en la Dirección Policial de Alto Paraná. La decisión fue tomada por el juez penal de garantías interino de Santa Rita, Amílcar Marecos, quien consideró la presentación de nuevos elementos por parte de la defensa como justificación para sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas.
Argumentos de la defensa y decisión judicial
La defensa de Acosta presentó como nuevos elementos:
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Documentos de un inmueble adicional, sumándose a los tres ya ofrecidos como caución real.
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Declaraciones juradas de dos personas como fiadores personales.
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Un informe de la Cooperativa Universitaria, donde el profesional tiene hipotecada una parte de su propiedad.
Pese a la oposición de la fiscala Rocío González y los abogados querellantes Karina Almeida y Daniel Alarcón, el juez Marecos determinó que estos elementos eran suficientes para suspender la prisión preventiva y aplicar medidas alternativas.
Medidas alternativas impuestas
Las medidas impuestas a Acosta incluyen:
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Prohibición de salir del país.
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Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial.
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Obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para firmar un libro de control.
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Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, Lourdes Sosa, por cualquier medio.
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Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas y portar armas.
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Embargo preventivo de los inmuebles ofrecidos como caución, por un valor de G. 300 millones.
Reacciones y contexto del incidente
El incidente ocurrió el pasado 18 de marzo durante una fiscalización en una estación de servicio de la firma 3 Fronteras, en Tavapy, departamento de Alto Paraná. Acosta agredió físicamente a la ingeniera Lourdes Sosa, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), hecho que fue registrado en video y generó un amplio repudio social.
Diversos gremios e instituciones, como el Colegio de Abogados del Alto Paraná, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo, expresaron su rechazo a la agresión y exigieron justicia para la víctima.
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