Mafia de los pagarés involucra a figuras cercanas al poder
La investigación sobre la denominada mafia de los pagarés ha revelado conexiones con altos funcionarios y figuras políticas del país. Entre los 63 imputados por el Ministerio Público se encuentra José Ignacio Olmedo Lansac, abogado y cuñado del asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá. Olmedo Lansac representaba a la empresa Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), cuyo principal accionista es Óscar Diesel, hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y vinculado al exministro Antonio Fretes.
Otro de los imputados con conexiones políticas es Alfredo René Benítez Cabrera, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Encarnación. Benítez Cabrera ocupa el cargo de director de Anticorrupción y Transparencia en la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) y es presidente de la Seccional Colorada Nº 44.
Detalles de la investigación y modus operandi
La Fiscalía ha imputado a 63 personas, entre las que se incluyen jueces, actuarios y abogados, por su presunta participación en una estructura delictiva dedicada a estafar a trabajadores mediante demandas ejecutivas basadas en pagarés falsos o ya cancelados. Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, están a cargo de la investigación.
El esquema operaba presentando demandas ejecutivas sobre supuestas deudas, utilizando pagarés de contenido falso o ya saldados. Estas acciones se llevaban a cabo en varios juzgados de paz, donde se emitían resoluciones favorables basadas en documentación fraudulenta.
Renuncia en el Ministerio de Salud Pública
En relación con este caso, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud Pública, Luis Carlos Benítez, presentó su renuncia. Benítez, junto con su esposa, figura como abogado de la Cooperativa San Cristóbal, entidad que promovió 28 demandas de preparación de acción ejecutiva en un solo día durante el año 2022.
Avances y perspectivas de la investigación
El Ministerio Público continúa analizando los expedientes incautados para determinar el monto total del perjuicio causado a las víctimas. No se descarta la ampliación de la investigación a otras personas involucradas en el esquema. El fiscal Leonardi Guerrero destacó la complejidad del caso y la necesidad de revisar detalladamente cada expediente para establecer la cuantía de los daños.
La investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se obtengan más detalles sobre el alcance de la red y las responsabilidades individuales de los imputados.
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