Funcionarios y senadores bajo la lupa por incongruencias patrimoniales

Contraloría investiga a senadores por inconsistencias patrimoniales

La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado exámenes de correspondencia y veracidad sobre las declaraciones juradas de varias autoridades públicas, entre ellas los senadores Lizarella Valiente y Ramón Retamozo. Los resultados de estas investigaciones se esperan para febrero o marzo de este año.

Senadores bajo escrutinio

La senadora Lizarella Valiente ha sido objeto de atención tras omitir en su declaración jurada un préstamo de G. 70 millones, obtenido para financiar su campaña en las internas de la ANR en diciembre de 2022. Este préstamo, proveniente de un particular, no fue consignado en sus declaraciones de 2023. La CGR ha solicitado informes a aproximadamente 25 instituciones para evaluar su patrimonio y esclarecer estas inconsistencias.

Otras autoridades en la mira

Además de los senadores, la CGR está analizando las declaraciones juradas de otras autoridades y exfuncionarios, incluyendo al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y al intendente de San Antonio, Santiago Aguilera. Asimismo, se investiga a Anadelia Acosta Armoa, exfuncionaria de la Cámara de Diputados, quien renunció tras apropiarse indebidamente de una indemnización destinada a familias de escasos recursos.

Multas por incumplimiento de declaraciones juradas

En los últimos cinco años, la CGR ha recaudado G. 2.000 millones en multas a funcionarios que incumplieron con la presentación de sus declaraciones juradas. Desde la modificación de la Ley 5033/13 por la 6919/22, las sanciones se aplican en función del porcentaje del salario, variando del 20% al 100% según los días de atraso. Desde 2020, se han concluido más de 1.000 sumarios administrativos relacionados con estas infracciones.

Análisis en el marco de la Mafia de los Pagarés

Paralelamente, la CGR está examinando las declaraciones juradas de nueve jueces de paz de la capital, junto con las de sus actuarios y ujieres, sumando alrededor de 43 personas. Este análisis se realiza en el contexto de las investigaciones relacionadas con la denominada Mafia de los Pagarés.

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