Director del Congreso y abogado detenidos por millonaria estafa a colonos
Operativo en San Pedro y Central desmantela esquema de estafa
En un operativo conjunto de la Fiscalía y el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, se realizaron allanamientos simultáneos en el departamento de San Pedro y en Central, como parte de una investigación que apunta a un esquema de estafa contra colonos de Santa Rosa del Aguaray.
El procedimiento, liderado por el fiscal Juan Alberto Blanco Godoy, incluyó allanamientos a dos estudios jurídicos en Santa Rosa del Aguaray. Según las autoridades, la red operaba mediante la presentación de expedientes falsos en juzgados incompetentes, alegando conflictos de tierras y extorsionando a las víctimas durante años con promesas de resolución favorable de los casos judiciales.
Detención de alto funcionario del Congreso
En el marco de los procedimientos, fue detenido Willian Roberto Campuzano, director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados. Campuzano, quien ingresó a la institución en el año 2000, fue arrestado en un operativo realizado en Lambaré, departamento Central.
La presunción de los investigadores es que altos funcionarios del Congreso Nacional, abogados y jueces estarían involucrados en esta red. Campuzano sería una de las piezas clave del esquema que, según reportes preliminares, habría estafado a los colonos por una suma que asciende a USD 1.600.000.
Red de abogados y falsificación de expedientes
El segundo detenido fue identificado como José Ljubetic Arellaga, un abogado que operaba en la zona de Santa Rosa del Aguaray. Ljubetic, según las investigaciones, contactaba a las víctimas y las convencía de adquirir tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Los allanamientos incluyeron dos oficinas legales, donde las autoridades encontraron indicios de que los expedientes utilizados para sustentar las demandas de tierras estaban falsificados. Este esquema permitía a la red sustraer importantes sumas de dinero de los colonos, quienes confiaban en que sus procesos judiciales llegarían a buen puerto.
Avance de las investigaciones
Las autoridades continúan analizando las pruebas recabadas en los procedimientos para determinar la magnitud del esquema y la participación de más implicados. Este caso pone en el centro de la atención pública la presunta complicidad entre abogados, funcionarios públicos y jueces en prácticas corruptas que afectan a sectores vulnerables como los colonos.
