Denuncian inacción del Ministerio Público ante la contaminación en Tablada
Pobladores de Tablada afectados por curtiembres y frigoríficos
El abogado Ricardo Merlo cuestionó duramente la lenta actuación del Ministerio Público ante las denuncias por contaminación ambiental que afecta a los pobladores de cuatro barrios de Asunción, debido a las operaciones de curtiembres y frigoríficos en la zona de Tablada. Merlo explicó que los ciudadanos llevan más de 20 años sufriendo por los efectos de estas empresas, que vierten restos de animales en los barrios, afectando gravemente la salud de sus habitantes.
Olores insalubres y contaminación de los recursos hídricos
Merlo señaló que estas empresas manipulan restos del faenamiento de animales, incluyendo vísceras y huesos, cuyos desechos terminan en las calles y en los cursos de agua de la zona. Esta actividad genera olores insoportables y representa un serio riesgo para la salud de los vecinos. «Es una situación que se ha vuelto insostenible», expresó el abogado, quien representa a los pobladores.
Falta de acción del Ministerio Público
A pesar de la gravedad del problema, Merlo denunció la lenta respuesta del Ministerio Público, especialmente por parte de la agente fiscal Lorena Ledesma, quien está a cargo de la investigación. «No podemos esperar una catástrofe o la muerte de los vecinos para que actúen», afirmó Merlo, insistiendo en la urgencia de que las autoridades tomen medidas inmediatas.
Intervenciones de la Municipalidad y el Ministerio del Medio Ambiente
El abogado también destacó que la Municipalidad de Asunción ya constató más de 20 infracciones cometidas por estas empresas, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente (MADES) ya suspendió las licencias de las mismas. Sin embargo, a pesar de estas intervenciones, la falta de acción del Ministerio Público sigue preocupando a los pobladores, que temen por su salud y seguridad.
Exigen sanciones y responsabilidad legal
Merlo recordó que los propietarios de las curtiembres y frigoríficos podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión por las infracciones cometidas. Los pobladores exigen que las instituciones responsables actúen de manera diligente y cumplan con la ley para proteger a la comunidad de los graves perjuicios que están sufriendo.
