El presidente Santiago Peña ha anunciado la promulgación de la nueva Ley 7278/24, una normativa diseñada para reestructurar la organización administrativa del Estado paraguayo.
Esta ley, que reemplaza una legislación que data de hace más de un siglo, tiene como objetivo principal modernizar y hacer más eficiente la gestión pública.
Modernización y eficiencia
La Ley 7278/24 introduce un marco administrativo que sitúa las necesidades ciudadanas en el núcleo de la gestión estatal.
«Transformaremos la gestión de los ministerios y organismos estatales para coordinar mejor las políticas públicas, evitando duplicar esfuerzos y trabajando en equipo según planes interinstitucionales,» explicó Peña.
Esta medida busca responder más efectivamente a las demandas del público y mejorar la satisfacción con los servicios ofrecidos.
Principios rectores de la ley
Entre los principios fundamentales que guían la nueva ley están la «necesidad y finalidad pública», que justifica la creación de instituciones solo si contribuyen a mejorar los servicios públicos.
Además, se promueve la «excepcionalidad» en la creación y modificación de instituciones públicas, que solo deberán llevarse a cabo cuando las estructuras existentes no satisfagan las necesidades.
La «no duplicación» asegura que no se creen entidades públicas innecesarias si las ya existentes pueden fortalecerse para cumplir con los requerimientos ciudadanos.
Este enfoque pretende evitar la redundancia y promover una administración más ágil.
Gestión por resultados y racionalización del gasto
Un cambio importante con la nueva ley es la adopción del principio de «gestión por resultados», que exige que todos los recursos públicos se evalúen en función del cumplimiento de objetivos concretos.
Este enfoque busca maximizar la eficacia del gasto público, asegurando que los fondos se inviertan de manera que realmente beneficie a la población.
Desburocratización y mayor control ciudadano
La ley también promueve una mayor agilidad en la gestión gubernamental a través de la desburocratización por delegación y la creación del concepto de «Rectoría Sectorial».
Este último aspecto refiere a un mayor control y coordinación en las políticas públicas.
Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas se establece como la autoridad de aplicación, con la competencia para supervisar y asegurar una estructura eficiente de las instituciones públicas.
En resumen, la Ley 7278/24 no solo representa un avance en la modernización del aparato estatal sino que también refuerza la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión pública.
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