El fiscal Diego Arzamendia presentó una apelación contra el sobreseimiento definitivo del exdiputado Tomás Rivas, quien había sido desvinculado recientemente del proceso judicial por el caso conocido como «caseros de oro».
Esta decisión sigue al fallo de un tribunal de sentencia que, presidido por la jueza Laura Ocampo, accedió al pedido de la defensa y declaró la extinción de la acción penal contra Rivas, fundamentando que el daño ya fue reparado tras la devolución de los fondos malversados al Estado.
Disconformidad con la reparación efectuada
A pesar de la devolución del dinero, el fiscal Luis Piñánez, quien también se ha involucrado en la causa, había adelantado la intención del Ministerio Público de recurrir el fallo.
El argumento central de la apelación radica en que la simple restitución económica no compensa adecuadamente el daño social causado.
El Ministerio Público sostiene que la resolución judicial facilita un precedente preocupante, donde un funcionario puede eludir consecuencias legales con solo reembolsar el dinero desviado, sin enfrentar un juicio por los actos cometidos.
El tribunal evade el juicio completo
El proceso no alcanzó a entrar en una fase de juicio oral y público en esta segunda instancia debido a que el tribunal aceptó los argumentos de la defensa de Rivas, concluyendo que con el pago efectuado se extinguía la acción penal.
Este desenlace ha generado controversia, ya que evita un examen más profundo de las responsabilidades y las consecuencias de los actos de corrupción en el ámbito público.
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