La Fiscalía General del Estado, liderada por el fiscal general Emiliano Rolón, ha marcado una postura firme al negarse a entregar al Senado la carpeta completa de la investigación que involucra a Mario Abdo Benítez y varios de sus exfuncionarios.
Este hecho, resalta las tensiones entre distintas ramas del gobierno y pone de manifiesto las complejidades legales y constitucionales.
Entre la legalidad y la transparencia
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por la senadora colorada Lilian Samaniego, había solicitado la documentación completa sobre la causa que enfrenta el expresidente Abdo Benítez, acusado por Horacio Cartes.
Sin embargo, la FGE argumenta que existen «limitaciones constitucionales y legales» que impiden cumplir con esta solicitud, citando específicamente el artículo 322 del Código Penal Paraguayo en concordancia con el artículo 17, inciso 10º, de la Constitución Nacional.
Esta situación subraya el delicado equilibrio entre el derecho a la información y la protección de los datos personales en investigaciones penales.
La presunción de inocencia en juego
La Fiscalía también hizo hincapié en la necesidad de proteger el estado de inocencia de los implicados, una presunción constitucional que permanece hasta que se emita una sentencia condenatoria firme.
Este principio es fundamental en el derecho penal y refleja la cautela con la que se deben manejar las acusaciones y la información en etapas tempranas de la investigación.
Agradecemos tu interés en seguir informándote con nosotros. Te invitamos a explorar más noticias y a compartir tus opiniones.
Participá de nuestras encuestas sobre temas de actualidad y hacé oír tu voz. Ingresá aquí
Unite a nuestro canal de WhatsApp para no perderte ninguna actualización. Haz clic aquí para unirte
