La Cámara de Diputados de ha dado luz verde al proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2024.
Optaron por la propuesta presentada por la Comisión de Presupuesto, dejando de lado la propuesta de la Comisión Bicameral.
Un aspecto clave de esta aprobación es la exclusión de aumentos salariales para los legisladores y altos funcionarios del Ejecutivo, una decisión que ha generado diversas reacciones en el ámbito político.
Detalles financieros del PGN 2024
El PGN 2024 contempla un monto total de G. 116,5 billones, con una distribución específica entre la Tesorería General y la administración central, que reciben G.65.658.055.908.801, mientras que las entidades descentralizadas manejarán G.51.041.399.057.781.
Este presupuesto, que ahora servirá como base para un estudio más detallado, incluye una adenda presentada por el Poder Ejecutivo, originalmente proponiendo el aumento salarial.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Cristina Villalba, destacó que el PGN se enfoca en fortalecer áreas vitales como la salud pública, la educación y la seguridad.
Entre los puntos destacados del presupuesto se incluyen transferencias significativas para la alimentación escolar y programas de apoyo a personas con discapacidad, así como la manutención de la exoneración de peajes para los residentes de Ypacaraí.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, la mayoría de los parlamentarios del partido Colorado respaldaron el plan de gastos tal como fue presentado por el Ejecutivo, excluyendo los aumentos salariales propuestos.
Por otro lado, los diputados de la oposición mostraron su apoyo al dictamen de la Comisión Bicameral, rechazando una aprobación sin modificaciones.
Este debate reflejó las diferentes visiones sobre el equilibrio de poderes y la autonomía del legislativo frente al ejecutivo.
Críticas y preocupaciones
La discusión en torno al PGN 2024 también estuvo marcada por críticas hacia el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, por parte de varios diputados.
Se cuestionó la coherencia entre el discurso de austeridad del gobierno y algunas propuestas de presupuesto, especialmente en lo que respecta a aumentos para ciertos directores.
Además, se expresaron preocupaciones sobre la distribución del presupuesto en áreas clave como la lucha contra el crimen organizado y la educación.
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