La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de Paraguay ha recomendado la aprobación, con ciertas modificaciones, del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2024.
El dictamen, que fue elevado a la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre, propone un presupuesto que asciende a 116,6 billones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 15.842 millones de dólares.
Este monto representa un incremento de 4,1 billones de guaraníes (566,4 millones de dólares) en comparación con la propuesta original del Ejecutivo, presentada el 31 de agosto, que era de 112,5 billones de guaraníes (15.276 millones de dólares).
El aumento incluye un déficit adicional del 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y parte de una adenda solicitada por el Ejecutivo, entre otros gastos.
La Comisión Bicameral también ha sugerido rechazar los aumentos salariales previstos para altos cargos del gobierno y legisladores, y recomienda un recorte de 275.300 millones de guaraníes (37,3 millones de dólares) en diversos gastos, como remuneraciones extraordinarias y servicios básicos.
Los fondos recortados han sido reasignados a otras entidades públicas, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio de Salud Pública, universidades y otros, para construcciones y creación de cargos, así como para aumentar el aporte a los partidos políticos, justificando que se compensa lo que no se transfirió durante la pandemia.
Además, se ha aprobado la incorporación de gran parte de la adenda ejecutiva, que asciende a unos 246.765 millones de guaraníes (33,5 millones de dólares), excluyendo el aumento salarial para los parlamentarios.
Esta adenda incluye fondos para el escalafón docente, la gobernación de Central, el Instituto Superior de Bellas Artes y el Consejo Nacional de Educación Superior.
El déficit adicional del 1,1% del PIB, que representa 3,7 billones de guaraníes (513 millones de dólares), se destinará en un 68% al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para proyectos de infraestructura.
Otras entidades que recibirán aumentos incluyen el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, el Ministerio de Economía y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.
El proyecto de presupuesto inicial del Ejecutivo se presentó con un tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Sin embargo, se solicitó posteriormente una autorización para elevar el déficit al 2,6% del PIB, lo que representa un adicional del 1,1%, siguiendo un nuevo plan de convergencia que prevé volver al límite del déficit en 2026.
La Cámara de Diputados ya ha comenzado a estudiar el dictamen de la Comisión Bicameral en su Comisión de Presupuesto, y se espera que se tome una decisión sobre el mismo en la plenaria durante la primera quincena de noviembre.
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