El recién electo senador Erico Galeano Segovia (ANR, cartista) ha apelado la negativa a las dos excepciones que presentó en respuesta a su imputación y procesamiento por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py. Este movimiento legal le permite asegurar su toma de posesión como legislador de la Cámara Alta, programada para el viernes 30 de junio.
Las apelaciones, presentadas por Galeano y sus abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, se dirigen contra el Auto Interlocutorio (A.I) N° 164 y el A.I N° 165. Estos documentos fueron expedidos por el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla, y rechazaban las excepciones de incompetencia y falta de acción planteadas por Galeano.
El argumento de Galeano es que nunca debería haber sido procesado ya que desde el inicio de este caso ha contado con inmunidades y privilegios legislativos. Al momento de la imputación, el 19 de mayo de 2023, era miembro de la Cámara de Diputados para el período 2018-2023. Posteriormente, el 25 de mayo, fue elegido y proclamado miembro de la Cámara de Senadores para el período 2023-2028.
La defensa de Galeano argumenta que el Juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado ha asumido poderes que pertenecen a la Cámara de Senadores, y que el juez Gustavo Amarilla no tiene competencia para iniciar el procedimiento penal contra una persona que goza de inmunidad constitucional.
Estos recursos presentados permiten a Galeano llegar al 30 de junio, día en que jurará como senador de la Nación para el periodo 2023-2028, sin que se realice la audiencia de imposición de medidas en la que el juzgado analizará la solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público.
Según los abogados defensores, una vez que Galeano tome juramento como parlamentario de la Cámara Alta, el juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado deberá informar al Senado de la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público. Entonces, será el cuerpo legislativo el que decidirá si se le retiran o no los fueros para que pueda ser procesado.
La imputación contra Galeano, presentada el 19 de mayo por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, se debe a su presunta complicidad con un grupo dedicado al tráfico de cocaína desmantelado en la operación «A Ultranza Py». En respuesta a la imputación, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el desafuero de Galeano.
La defensa de Galeano presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la decisión del juez Amarilla de admitir la imputación y convocarlo para la imposición de medidas cautelares. Posteriormente, presentó otro recurso argumentando que el juzgado debió dar un trámite escrito al primer recurso en lugar de convocar a una audiencia oral
A pesar de que finalmente los abogados defensores anunciaron su decisión de retirar ambos recursos, la Cámara de Apelaciones ya había rechazado los dos.
El Ministerio Público afirma que Galeano proporcionó su avión al grupo criminal para realizar vuelos locales y facilitar el envío de cargamentos de cocaína a países europeos. A cambio, Galeano habría recibido sumas de dinero del tráfico de cocaína, las cuales habría insertado en el sistema financiero y económico nacional a través de préstamos y cancelaciones anticipadas, o mediante la compra de bienes entre los años 2020 y 2021.
Además de solicitar la prisión preventiva para Galeano, la fiscalía también pide la inhibición general de enajenar y gravar bienes, el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de Galeano y el secuestro de una aeronave que pertenece al legislador y que presuntamente fue utilizada por los procesados de «A Ultranza».
