El IPS vuelve a tropezar con el mismo nombre
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, denunció el viernes 5 de junio de 2026, en declaraciones a Radio Ñanduti, que una empresa vinculada al empresario Juan Domingo Rienzi Grassi presentó una protesta administrativa que paralizó un proceso licitatorio de la previsional. El planteo del titular del IPS no es nuevo: las firmas asociadas al denominado Clan Rienzi ya habían sido objetadas, en coberturas previas, por su rol como proveedoras del organismo.
La denuncia en Ñanduti
De acuerdo con la entrevista difundida por la emisora, Fretes describió el efecto inmediato de la objeción presentada. «Una empresa presentó una protesta y detuvo todo el proceso», afirmó. El titular del organismo sintetizó así el costo institucional del freno: «El que termina pagando las consecuencias es el asegurado». La administración del IPS, según consignó la emisora, había trabajado previamente con los oferentes interesados para fijar reglas claras antes de la apertura del llamado: «Nosotros hicimos nuestra parte. Transparentamos el proceso, publicamos las reglas antes de lanzar la competencia y todos sabían cuáles eran las condiciones», completó.
El detalle que abre la sospecha
Lo que para Fretes pesa más que la protesta en sí es la asimetría de comportamiento entre los oferentes. Conforme a las coberturas, alrededor de 29 empresas participaron del proceso sin formular objeciones. Una sola decidió frenarlo. «Si 29 empresas entendieron las reglas de juego y una sola no, eso también nos da una lectura», sostuvo el funcionario. Y dio el paso siguiente sin rodeos: «Habrá que determinar qué intereses hay detrás». EPI consigna estos interrogantes como expresiones del titular del IPS; no los adopta como conclusiones propias sobre la conducta de la firma ni del empresario.
Un patrón documentado por la prensa
El señalamiento de Fretes se inscribe en una serie de cuestionamientos previos al grupo empresarial vinculado a Rienzi Grassi. Diario HOY había publicado, en mayo de 2026, que firmas asociadas al Clan Rienzi —entre ellas Bioteng y Euroquímica— figuraban como adjudicatarias de procesos del IPS para insumos de ostomía. Conforme a esa cobertura, en dos licitaciones de 2025 el organismo adquirió más de 223.000 bolsas de ostomía por un total cercano a los G. 5.869 mil millones, con aproximadamente la mitad de la adjudicación distribuida entre empresas vinculadas al grupo. La proporcionalidad entre las cantidades compradas y el número real de pacientes había sido objetada por la conducción de la previsional.
Ese cuestionamiento se había sumado, semanas antes, a una denuncia más amplia que el propio Fretes formuló en abril, según consignó ABC Color: la advertencia sobre una compra masiva de insumos que «se van a pudrir» antes de ser utilizados. Las coberturas también recordaron procesos en los que la oferta más cara fue adjudicada en sucesivas ocasiones, un patrón que la conducción actual del IPS asumió como objeto explícito de revisión.
El vínculo con la política nacional
Las coberturas describen a Juan Domingo Rienzi Grassi como suegro del diputado nacional Rubén Rubin. EPI consigna esta información tal como fue reportada por la prensa, sin atribuirle al legislador participación ni responsabilidad en los procesos administrativos cuestionados. La mención permite ubicar el grupo empresarial en su contexto público y explica, en parte, la atención sostenida que la prensa viene dedicando al expediente.
La Fiscalía ya está en escena
En paralelo a los planteos de Fretes en Ñanduti, fiscales del Ministerio Público se instalaron en oficinas centrales del IPS en busca de documentación sobre licitaciones cuestionadas. Conforme a La Nación, los representantes del Ministerio Público —Silvio Corbeta y Silvia González— mantuvieron reuniones con el propio Fretes en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la administración anterior del organismo, con un perjuicio estimado superior a los G. 392 mil millones. EPI consigna esta información como dato de la cobertura; la causa sigue su trámite y rige la presunción de inocencia para todos los actores involucrados.
La ausencia de descargo
Hasta el cierre, la firma señalada en el episodio difundido por Ñanduti no había emitido comunicación pública en respuesta. Tampoco se registraron declaraciones del propio Juan Domingo Rienzi Grassi ni del diputado Rubén Rubin sobre el planteo. La protesta administrativa, por su parte, sigue un trámite formal ante los órganos de control, donde la empresa cuestionada podrá presentar sus argumentos.
Sobre la protesta
El IPS deberá revisar la documentación del proceso y, en paralelo, dejar correr la protesta ante la autoridad competente. La resolución de la objeción definirá si la licitación puede retomarse o si exigirá correcciones. En cualquiera de los escenarios, la conducción del organismo anticipa que los plazos de provisión se verán afectados, en un contexto en el que la Fiscalía profundiza sus pesquisas sobre el funcionamiento administrativo del Instituto.
EPI consigna estas afirmaciones como contenido del planteo del titular del IPS y como información ya difundida por la prensa sobre los antecedentes del grupo empresarial; toda eventual responsabilidad penal queda sujeta a los procesos administrativos y judiciales en curso. Hasta el cierre de la cobertura no se registraron pronunciamientos públicos de la empresa señalada ni del empresario al que se la asocia.
🔗 Fuentes:
Diario HOY — «Derroche en IPS: Clan Rienzi proveyó excesivos insumos para ostomizados»
Diario HOY — «Clan Rienzi se desliga de compras infladas en IPS: ‘El proveedor no decide las cantidades'»
ABC Color — «Escándalo en IPS: Fretes denuncia compra masiva de insumos que ‘se van a pudrir'»
La Nación — «Fiscales se instalan en oficinas del IPS en busca de documentos sobre licitaciones»
🗳️💬 ¿Vos qué pensás? ¿Las protestas administrativas son un control sano del proceso, o terminan siendo una herramienta para frenar compras que perjudica directamente al asegurado?
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