Fiscalía solicita prisión para 29 labriegos tras ingreso violento a estancia
La imputación presentada por cuatro agentes del Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos a los 29 labriegos tienen alta expectativa de pena y que ninguno reúne arraigo suficiente para someterse al proceso. El operativo policial fue cuestionado por el MNP, que denunció uso excesivo de la fuerza y al menos siete heridos.
Imputación múltiple por ingreso a Toro Vevé
El Ministerio Público presentó imputación contra 29 hombres detenidos tras el ingreso violento a la estancia Toro Vevé, en Santa Rosa del Aguaray, cuando un grupo de campesinos sin tierra intentó llegar hasta la estancia Lucipar.
La acusación atribuye los hechos de perturbación de la paz pública, resistencia, tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
Los fiscales Gloria Marlene Florentín, Juan Daniel Benítez, Laura Romero y José Alberto Godoy presentaron el escrito de imputación, en el que señalaron que los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno y tentativa de homicidio doloso poseen «alta expectativa de pena». También afirmaron que los imputados “no cuentan con el arraigo suficiente que garantice su sometimiento al proceso judicial”, por lo que solicitaron prisión preventiva.
La irrupción ocurrió cuando el grupo avanzó en vehículos hacia la propiedad. El propietario de Toro Vevé, Pedro Galli, denunció que fue víctima de atropello y “tentativa de homicidio”, afirmando que el ingreso forzado puso en riesgo su vida y la de los trabajadores rurales presentes.
Argumentos fiscales y situación procesal de los detenidos
El Ministerio Público indicó que, durante el operativo de contención, se produjo el arresto de 52 personas. Sin embargo, 23 mujeres aprehendidas en la misma intervención fueron puestas en libertad esa misma noche, mientras que los 29 hombres restantes continúan detenidos y son los procesados en esta causa.
Los fiscales fundamentaron su pedido de prisión preventiva en tres ejes:
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La gravedad de los hechos atribuidos.
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El riesgo de fuga por falta de arraigo.
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La posibilidad de entorpecimiento de la investigación si los procesados recuperan la libertad.
Según el acta de imputación, los involucrados buscaban ingresar a la estancia Lucipar, establecimiento que perteneció al narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias «Cabeza Branca». La persecución policial se extendió tras el avance de los manifestantes y derivó en la aprehensión masiva registrada.
La causa queda ahora a consideración del juez competente, quien deberá resolver si hace lugar o no al pedido fiscal de prisión preventiva.
Cuestionamientos al operativo: denuncia de uso excesivo de la fuerza
Mientras avanzaba el proceso penal, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió un comunicado expresando “profunda preocupación” por la intervención policial, señalando que se habría registrado “uso excesivo de la fuerza” durante la contención del grupo campesino.
El MNP afirmó que siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, además de reportar la lesión de un suboficial ayudante de la Policía.
Para la institución, la situación “aumenta el riesgo de violencia institucional, tortura y uso abusivo de la prisión preventiva”.
El organismo recomendó “instalar una mesa de diálogo inmediata” entre los tres poderes del Estado para atender los reclamos de los campesinos y prevenir una escalada del conflicto social.
Ingreso violento, denuncias cruzadas y una causa que escala
El expediente combina tres elementos:
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Un ingreso violento a una estancia privada.
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La denuncia de la víctima por tentativa de homicidio.
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Una intervención policial cuestionada por organismos de derechos humanos.
Las decisiones judiciales pendientes —en especial la definición sobre la prisión preventiva— marcarán el rumbo del caso, que ya generó respuesta institucional y debate sobre el uso de la fuerza, el conflicto por tierras y la aplicación de medidas cautelares severas.
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