Cierre temporal de Biggie: impacto económico y sanitario detrás de la medida del Gobierno
La suspensión de 263 locales de la cadena Biggie Express, ordenada por Sedeco y Dinavisa, abre un debate sobre seguridad alimentaria, control de calidad y efectos en el mercado minorista.
Fiscalizaciones y hallazgos graves
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) detectaron en varios locales de Biggie Express productos vencidos, embutidos y carnes reetiquetados con nuevas fechas de vencimiento, panificados y lácteos en mal estado, así como artículos sin registro sanitario.
La titular de Sedeco, Sara Irún, calificó la situación como “una falla sistemática y grave en los controles de este proveedor” y dispuso el retiro inmediato de los productos y el cierre temporal hasta regularizar inventarios y procesos.
Argumentos y evidencia de Dinavisa
El director de Dinavisa, Jorge Iliou, afirmó que la medida se tomó con base en fotos, videos y documentos que confirman la ampliación irregular de fechas de vencimiento y la venta de artículos potencialmente tóxicos o patógenos.
Señaló la reincidencia en estas prácticas y mencionó casos como una miel prohibida por la FDA de Estados Unidos por riesgo cardiotóxico. La decisión, según Iliou, busca salvaguardar la salud pública y prevenir consecuencias graves.
Efectos económicos y laborales
El cierre de 263 sucursales representa un impacto directo en el canal minorista, afectando la disponibilidad de productos y la competencia en el sector. Si bien la medida no debería perjudicar a los trabajadores, genera incertidumbre sobre la cadena de distribución y el abastecimiento.
Desde el punto de vista económico, este tipo de sanciones puede provocar pérdida de ingresos inmediatos, deterioro de imagen de marca y posibles costos asociados a la destrucción de mercaderías.
Proyecciones y posibles nuevos casos
Iliou no descartó aplicar sanciones similares a otras cadenas de supermercados si se detectan faltas graves en sus sistemas de distribución. El operativo de fiscalización seguirá en farmacias, fábricas y comercios, con la meta de reforzar estándares sanitarios y regulatorios en todo el país.
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