El caso Quyquyhó sumó presión y nombres pesados

Corbeta apunta a dos acusados y presiona al entorno de Samaniego

El fiscal Silvio Corbeta pidió al juez Humberto Otazú que ordene prisión preventiva para Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas Gaete, exfuncionarios de la Municipalidad de Quyquyhó. Ambos enfrentan cargos por lavado de dinero, asociación criminal y administración en provecho propio.

El caso también involucra al diputado oficialista Esteban Samaniego, su esposa Patricia Corvalán y una decena de allegados. La fiscalía los acusa de desviar G. 1.108 millones entre 2017 y 2018.

Una red de contratos y propiedades bajo la lupa

Según la acusación, los fondos sirvieron para comprar inmuebles y construir una residencia en Asunción a nombre de Blanca Álvarez, madre del legislador.

La empresa BH Services SRL aparece como contratista favorita durante esa gestión. Facturó más de G. 956 millones por obras menores sin justificación técnica clara. Los contratos incluían baños, empedrados y remodelaciones adjudicadas de forma reiterada.

La defensa vuelve a trabar el proceso

La audiencia preliminar se suspendió nuevamente por una recusación contra el juez Otazú presentada por los propios acusados. Para el fiscal, se trata de otra maniobra para frenar el juicio.

Corbeta pidió prisión preventiva para evitar nuevas dilaciones. En su escrito, advirtió que los acusados ya incurrieron “varias veces en recursos sin sustento” para evitar la etapa clave del proceso.

También reiteró su solicitud de separar del cargo a Patricia Corvalán, actual intendenta, para proteger la causa.

Una lista extensa de imputados y fueros intocables

Además de Lovera y Vargas, están imputados Blanca Álvarez, Christian Domínguez, Carlos Bareiro, Damián Galarza, Ruth Medina, Óscar Fanego, entre otros. Todos aparecen como beneficiarios o ejecutores del desvío.

El diputado Esteban Samaniego todavía no enfrenta cargos formales. Sus fueros parlamentarios lo protegen, y la Cámara de Diputados sigue sin tratar los pedidos de desafuero presentados por el Ministerio Público.


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