Crean vía directa para denuncias mientras se desarrolla una plataforma oficial
La Corte Suprema de Justicia anunció la habilitación de un canal digital destinado a recibir denuncias de víctimas de la conocida mafia de los pagarés. La medida fue comunicada este miércoles por el ministro Alberto Martínez Simón durante la sesión plenaria.
Mientras se culmina una plataforma web específica, la Corte puso a disposición el correo electrónico denunciasoficinaquejas@pj.gov.py, que permitirá a los ciudadanos afectados por embargos irregulares remitir sus casos directamente a la Oficina de Quejas y Denuncias del Poder Judicial.
“El equipo informático ya está desarrollando el sistema en la plataforma de la Corte para formalizar estos trámites”, explicó el magistrado, aclarando que esta vía digital es transitoria, pero activa desde este momento.
El trasfondo de una estructura judicial cuestionada
El anuncio llega en medio de una alarma pública creciente por el presunto esquema judicial fraudulento a través del cual se habrían dictado embargos masivos, sin sustento y sin notificación adecuada, usando pagarés sin respaldo legal.
Las denuncias apuntan a que en numerosos juzgados de Paz, se aceptaron documentos dudosos y se omitió verificar su autenticidad. El patrón se repite: fallos sin defensa previa, resoluciones sin control, y perjuicios directos a ciudadanos comunes.
Este fenómeno fue bautizado por víctimas, abogados y medios como “la mafia de los pagarés”, y aunque ya existen procesos abiertos contra magistrados involucrados, aún se espera una respuesta estructural desde la Corte.
La plataforma que se viene y su alcance esperado
Martínez Simón detalló que la nueva plataforma digital buscará ofrecer una vía más ordenada y eficiente para ingresar estos casos. El objetivo será registrar oficialmente cada denuncia, construir una base de datos verificable y detectar posibles patrones de abuso sistemático.
“Estamos trabajando con nuestro equipo informático para montar una solución robusta”, aseguró el ministro. Agradeció además a la secretaria judicial que canalizó las primeras alertas de ciudadanos afectados.
Aunque la medida no sustituye una revisión profunda del sistema, abre la puerta para que las denuncias queden asentadas oficialmente en el circuito institucional. También se espera que esta herramienta sirva para futuras auditorías, sumarios y reformas de fondo en el control judicial interno.
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