Denuncia de Emiliano Rolón sobre fiscales vinculados a Lalo Gomes
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la denuncia del juez Osmar Legal sobre las conversaciones filtradas entre el fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes y varios fiscales y jueces.
Entre los implicados en los chats aparecen las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano, señaladas por presuntas negociaciones indebidas en casos judiciales. Sin embargo, la denuncia no menciona a Lorenzo Lezcano, otro de los fiscales que aparece en los mensajes.
Implicaciones del escándalo y medidas del Ministerio Público
El fiscal general Rolón enfatizó que no tiene la potestad de separar a los fiscales Uemura y Cano de sus cargos, ya que esta facultad corresponde exclusivamente al JEM. Por ello, remitió la denuncia al órgano encargado de evaluar la conducta de jueces y fiscales.
Además, ordenó la apertura de un sumario administrativo para investigar a todos los funcionarios involucrados en el escándalo. El fiscal Luis Piñánez se sumó al equipo de investigación, que ya contaba con Francisco Cabrera y Verónica Valdez, mientras que Néstor Coronel fue excluido del caso.
Vínculos con el JEM y tráfico de influencias
El caso se torna aún más grave debido a la vinculación del diputado Orlando Arévalo, quien forma parte del JEM. En los chats filtrados, Gomes lo menciona como contacto clave para manipular resoluciones judiciales a cambio de dinero.
Las conversaciones sugieren que Arévalo habría intervenido en favor de jueces y fiscales procesados, utilizando su cargo para garantizar impunidad. Ante la creciente presión pública, solicitó un permiso indefinido en el JEM mientras avanza la investigación.
Investigación y presión política
El escándalo derivó en la reacción de varios sectores políticos. La diputada Rocío Vallejo presentó un libelo acusatorio solicitando la destitución de Orlando Arévalo, alegando uso indebido de influencias y protección a fiscales corruptos.
Por su parte, el Ministerio Público sigue recolectando pruebas y testimonios. Se espera que la investigación revele el alcance real de la manipulación judicial y los vínculos entre funcionarios y redes de corrupción.
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