Incoop sanciona a cooperativas por debilidades en controles antilavado
El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) impuso multas administrativas a cinco cooperativas de menor porte por presentar debilidades en sus controles antilavado. Este anuncio fue realizado por su titular, Carlos Romero Roa, durante la rendición de cuentas de la institución, marcando un precedente importante en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el sector cooperativo.
Las entidades sancionadas, Villa Florida, Carlos Pfennel, San José de los Arroyos, San Antonio de Padua y Santo Tomás Apóstol, fueron multadas con montos equivalentes a dos jornales mínimos, es decir, alrededor de 216.000 guaraníes por cada caso. Estas cooperativas, categorizadas como tipo B, representan instituciones de menor capital y alcance en comparación con las grandes cooperativas tipo A.
Resultados del control antilavado en 2023
El Incoop procesó este año 1.008 expedientes relacionados con informes y reportes obligatorios de las cooperativas en el marco de la prevención de lavado de dinero. Este proceso incluyó la evaluación de operaciones sospechosas y la identificación de incumplimientos que derivaron en las sanciones mencionadas.
Romero Roa subrayó que estas multas buscan fomentar el cumplimiento normativo en el sector, además de sentar un precedente para evitar futuras irregularidades. Las normativas aplicadas son trabajadas en conjunto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Gestión y fiscalización del Incoop
En el informe de gestión, el Incoop destacó la recepción de 2.646 expedientes de cooperativas durante 2023. De estos, 127 expedientes fueron procesados por el departamento de fiscalización, resultando en 49 sumarios concluidos y la cancelación de 20 personerías jurídicas por incumplimientos administrativos y normativos.
Caso emblemático: Cooperativa San Cristóbal
El informe también recordó el caso de la Cooperativa San Cristóbal, intervenida en 2022 como parte del operativo «Ultranza», que expuso vínculos de su directiva con operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. En aquel entonces, el Incoop detectó serias fallas en los controles de debida diligencia, lo que derivó en la sumarización de sus directivos y la implementación de un plan de acción correctivo. El caso fue elevado a la Fiscalía y a la Seprelad para su investigación.
Impacto de las sanciones y perspectivas futuras
Las medidas impuestas por el Incoop refuerzan la importancia del control financiero y la transparencia en el sector cooperativo. Aunque las sanciones aplicadas en este caso específico se limitaron a cooperativas de menor porte, el ente regulador busca consolidar normas más estrictas y garantizar el cumplimiento de las legislaciones contra el lavado de activos.
