Cárceles de Paraguay: condenados y procesados, ¡por fin separados!

Paraguay implementa por primera vez la separación de condenados y procesados en el sistema penitenciario

El Ministerio de Justicia ha iniciado una medida histórica en Paraguay: la separación de personas condenadas y procesadas en diferentes áreas de los establecimientos penitenciarios. Esta iniciativa responde a una deuda histórica del país con los derechos humanos, buscando garantizar condiciones más adecuadas para cada grupo y evitar el contacto entre personas con diferentes situaciones legales.

Un avance para los derechos humanos en el sistema penitenciario

La separación de los reclusos condenados de los procesados contribuirá a mejorar la seguridad y la supervisión en el sistema carcelario. También permitirá proteger a quienes están en espera de juicio y fueron procesados por delitos menores, evitando su contacto con clanes criminales que operan en las cárceles. Este cambio representa un avance importante para garantizar el principio de inocencia de los imputados y proteger sus derechos durante el proceso judicial.

Implementación en las penitenciarías de Emboscada y Misiones

El plan piloto de separación comenzó en la Penitenciaría Regional de Emboscada «Padre Antonio de la Vega» y en la Penitenciaría Regional de Misiones. En Emboscada, 180 personas condenadas fueron reubicadas en el pabellón E Alta, destinado exclusivamente para condenados. En Misiones, 153 personas fueron asignadas al pabellón D Alta, también dedicado a reclusos con condenas.

Además, el pabellón A Alta Admisión en Misiones se utiliza para personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, y el pabellón D Baja acoge a procesados en espera de su situación judicial. Esta separación busca facilitar el manejo y la supervisión de cada grupo, conforme a su situación jurídica.

Programa Transformación Integral (PTI) apoya la iniciativa

El Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI) colabora en la ejecución de esta iniciativa, que se espera expandir a todas las cárceles del país. Con esta medida, se pretende organizar el sistema penitenciario de acuerdo con los principios de derechos humanos y las normativas vigentes, garantizando un entorno más seguro y controlado para las personas privadas de libertad.

Esta separación y clasificación de los reclusos permitirá también una mejor implementación de programas de rehabilitación y tratamientos individualizados para quienes ya cumplen condena, promoviendo su reintegración en la sociedad y reduciendo el riesgo de reincidencia.

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