El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa Burgos, enfrenta serias acusaciones de corrupción tras la denuncia del fiscal Silvio Corbeta, quien ha solicitado su enjuiciamiento.
Los cargos incluyen lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, que describen un complejo esquema de corrupción durante su gestión.
Red criminal y licitaciones amañadas
Según el Ministerio Pública, entre los años 2018 y 2021, Roa, quien ocupaba el cargo desde 2013, habría favorecido sistemáticamente a su amigo Alberto Koube Ayala con licitaciones millonarias.
Este proceso involucró contrataciones por más de G 16 mil millones, supuestamente aseguradas a través de adjudicaciones manipuladas que beneficiaron a Koube y sus empresas, como Grupo Tapyracuai SA.
La fiscalía argumenta que Roa y Koube establecieron una «sociedad criminal» para desviar fondos públicos hacia sus cuentas personales.
Este entramado incluyó a empresas y terceros relacionados, como JPA Logística y Noemacol, utilizadas para canalizar los recursos hacia intereses privados.
Los beneficios obtenidos incluyeron la compra de una embarcación valorada en 450.000 dólares y otros activos monetarios.
Repercusiones y próximos pasos
El fiscal Corbeta, representando al Ministerio Público, ha completado la fase de investigación y solicitado que el caso avance a juicio oral y público.
Este proceso judicial no solo busca condenar a los implicados, sino también recuperar los activos malversados, estimados en un perjuicio patrimonial considerable para el estado paraguayo.
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Similar al caso del untendente de cde, Dios quiera que los corruptos paguen ante la justicia su causa y que repongan la mísma cantidad de divisas que an desviados del fondo público al estado paraguayo.