El juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, puso freno a la apurada licitación para tercerizar el servicio de lavado y planchado del Instituto de Previsión Social (IPS).
Otazú hizo lugar al amparo constitucional planteado por sindicatos de la previsional y ordenó la suspensión de esta licitación. La decisión fue dada a conocer en horas de la noche del lunes. El documento tiene una extensión de 11 páginas.
“El Juzgado considera que la autorización al llamado de la Licitación referida, no se encuentra plenamente justificada y que incluso los argumentos dados por el memorándum adjunto, aumentan las dudas acerca de la Licitación mencionada”, señala el escrito del magistrado.
Otazú consideró que se podrían ver afectados los derechos de la seguridad social (art. 95 de la C.N.), de la vida (art. 4 de la C.N.), del derecho a la salud (art. 68 C.N.), del derecho a informarse (art. 28 de la C.N.). “Ya que según refirió el accionante y que es de público conocimiento, existe una gran cantidad de asegurados con necesidades básicas ya sea en medicamentos, insumos hospitalarios, así como la baja calidad o en el excesivo retardo en la atención de los mismos”, señaló en su fallo.
“La intención del Juzgado, es poner de resalto que al momento en que se realicen compras o contrataciones de la envergadura de la licitación cuestionada y por un amplio periodo de tiempo (Diez años), debe primar la prudencia, la claridad en el actuar de las autoridades, al momento de establecer los parámetros, fundamentos técnicos-económicos del llamado a una licitación, tal como se analizara detalladamente en párrafos precedentes”, cuestionó el magistrado.
“Solo y a modo de ejemplo, con relación a que las maquinarias se encontrarían en “total deterioro” se especifique y se informe detalladamente el estado de las mismas, puesto que se advierte una clara contradicción, con relación a esta situación”, continuó.
“Tal como se analizó detalladamente en párrafos precedentes, no existiendo un fundamento técnico sostenible sobre la urgencia de este llamado a licitación, así como las inconsistencias referidas; y ante la posibilidad de poner en riesgo a los asegurados en sus derechos de atención médica, jubilaciones, deviene procedente HACER LUGAR a la presente acción de amparo constitucional promovido por el Abg. José Tomas Duarte Gayoso con Mat. N° 2.049 y el Sr. Sergio Lovera Cañete contra el Instituto de Previsión Social”, se puede leer en la parte final del documento.
La suspensión de esta licitación se da hasta tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicos emita un dictamen.
