La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Eugenio Jiménez Rolón, decidió rechazar la excepción de inconstitucionalidad presentada por Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini.
Ambos están acusados, junto con otras tres personas, por el presunto contrabando de «insumos chinos» a través de la empresa Imedic SA.
Esta garantía constitucional fue propuesta el 17 de abril de 2023 por el dueño y la presidenta de Imedic, respaldados por los abogados Marcio Battilana y César Alfonso. Argumentaron en contra del Artículo 336 de la Ley Nº 2.422/04, sosteniendo que viola el Artículo 17 inciso 4° de la Constitución Nacional.
Con este rechazo, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, liderado por la jueza Elsa García y compuesto por Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel de Ramírez, podrá emitir un veredicto en el juicio que enfrentan los directivos de Imedic.
Otros acusados en el caso «insumos chinos» incluyen al despachante de Aduanas Carlos Gamarra, acusado de contrabando, producción de documentos falsos y asociación criminal, y a los funcionarios aduaneros Guillermo Molina Camp y Gustavo Acosta Acosta.
El ministro César Diesel argumentó que los representantes del clan Ferreira no proporcionaron una fundamentación adecuada sobre cómo la norma cuestionada viola la Constitución. Víctor Ríos enfatizó que solo se justifica una declaración de inconstitucionalidad si hay un agravio real y concreto, lo cual no ocurre en este caso.
Eugenio Jiménez Rolón señaló que la excepción de inconstitucionalidad se presentó poco antes del inicio del juicio y fuera del plazo establecido en el Código Procesal Penal.
El juicio oral y público en el caso «insumos chinos» continuará el lunes 16 de octubre a las 7:30 a.m., con las declaraciones del propietario y la presidenta de Imedic SA. La presentación de los alegatos finales está programada para la próxima semana.
Según la acusación, en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19, Imedic SA debía suministrar al Ministerio de Salud Pública diversos insumos por un total de G. 47.952.500.000.
Sin embargo, hubo irregularidades en los productos entregados, incluyendo camas eléctricas de alta gama no previstas en el contrato, pero que aún así ingresaron a Paraguay.
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