Graves irregularidades sacuden compra de comida policial

Denuncia ante la DNCP advierte de graves irregularidades en compra de comida para la Policía

Una denuncia presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por la firma GRIMEX S.A. pone en tela de juicio un proceso de adjudicación que, según el escrito, estaría sustentado en una evaluación deficiente, poco transparente y basada en documentación que no acredita los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El reclamo fue formulado por el abogado Gustavo Rautenberg, en representación de GRIMEX S.A., y apunta directamente contra la firma EL CASTILLO S.A., a la que acusa de no cumplir con el requisito central de experiencia exigido para participar del procedimiento, así como contra la convocante, a la que atribuye una evaluación “total y completamente deficiente”.

Cuestionamientos desde la etapa inicial de evaluación

De acuerdo con la denuncia, desde la etapa inicial de protesta GRIMEX S.A. ya había advertido inconsistencias graves en el Informe de Evaluación, particularmente en la forma en que se calificó a EL CASTILLO S.A. sin claridad sobre su rol real en la cadena comercial. Según el escrito, nunca quedó debidamente establecido si la firma actuaba como productora, comercializadora, adquirente de establecimientos ganaderos u otra figura, lo que vuelve imposible verificar objetivamente si cumplía o no con la experiencia requerida.

Documentación presentada y ausencia de facturas

Esta falta de claridad, sostiene la denunciante, adquiere mayor gravedad al analizar la documentación presentada por EL CASTILLO S.A. para justificar su supuesta experiencia. En respuesta a un pedido de aclaraciones de la convocante, la empresa afirmó haber remitido “facturaciones de compras de carne de res”. Sin embargo, al revisar el expediente, GRIMEX S.A. señala que no existe una sola factura respaldatoria.

Lo único que figura en el legajo, según la denuncia, es una simple planilla sin firmas, sin sellos y sin respaldo documental, en la que se consignan supuestos volúmenes de compra a tres firmas: Cooperativa Chortitzer Ltda., Frigorífico Concepción S.A. y Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda. Para la denunciante, resulta inadmisible que un requisito técnico tan relevante como la experiencia sea acreditado con una “planillita”, sin trazabilidad ni documentación contable verificable.

Pedidos a la DNCP y consultas a los proveedores

Ante esta situación, GRIMEX S.A. había solicitado formalmente que la DNCP librara oficios a esas empresas proveedoras, amparándose en el artículo 117 de la Ley 7021/22, que faculta al ente regulador a requerir informes y documentos a terceros para esclarecer los hechos en un procedimiento de contratación pública. Sin embargo, según el escrito, la DNCP no diligenció dichos oficios, pese a que su rol institucional es precisamente garantizar la transparencia y la veracidad de los procesos.

Frente a esa omisión, la propia GRIMEX S.A. decidió consultar directamente a las empresas mencionadas en la planilla presentada por EL CASTILLO S.A. Las respuestas obtenidas y adjuntadas al expediente serían contundentes: ninguna de ellas comercializa “carne en res”, tal como afirma EL CASTILLO S.A. en su documentación. Este dato, de confirmarse oficialmente, no solo invalidaría el cumplimiento del requisito de experiencia, sino que abriría la puerta a consecuencias mucho más graves.

Posibles consecuencias y definición pendiente

Según la denuncia, si la información proporcionada por EL CASTILLO S.A. resulta falsa, la DNCP no solo debería excluirla del procedimiento, sino también iniciar un sumario administrativo y disponer su inhabilitación, tal como prevé la normativa vigente para los casos de presentación de datos falsos en procesos de contratación pública.

El escrito advierte que sostener una adjudicación basada en una planilla sin respaldo, sin facturas, sin verificación independiente y con datos desmentidos por los supuestos proveedores, vulnera principios elementales del sistema de compras públicas, como la transparencia, la veracidad de la información, la motivación suficiente de los actos administrativos y la evaluación técnica real.

En su conclusión, la presentación es categórica: la única salida jurídicamente válida es suspender el procedimiento, diligenciar los informes omitidos, retrotraer la evaluación y esclarecer de manera exhaustiva si EL CASTILLO S.A. cumple o no con los requisitos exigidos. Mantener una adjudicación en estas condiciones, sostiene GRIMEX S.A., sería incompatible con cualquier sistema de contratación pública serio y expondría a la DNCP a una grave responsabilidad institucional.

El caso ahora queda en manos del ente regulador, que deberá definir si avanza en la verificación de los hechos denunciados o si convalida una adjudicación cuestionada por falta de documentación, ausencia de controles y presunta falsedad de la información presentada.

Parte de los antecedentes y cuestionamientos públicos vinculados a esta adjudicación pueden encontrarse en publicaciones y hilos difundidos por periodistas en la red social X, disponibles en los siguientes enlaces: Ver posteo en «X»Ver hilo en «X»

¿Creés que la DNCP debe suspender la adjudicación y oficiar a los proveedores citados antes de convalidar la evaluación?

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