Tribunal ratifica legalidad de prueba clave en el juicio por lavado de activos
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Segunda Sala, resolvió confirmar la legalidad de la extracción de datos del celular de María Virginia Araki, acusada en el caso A Ultranza Py.
La diligencia no pudo concretarse durante la fase investigativa, pero fue autorizada para su ejecución durante el juicio oral y público. La defensa, a cargo del abogado Nelson López, había cuestionado la medida alegando nulidad procesal, ruptura de la cadena de custodia y ausencia de garantías durante la apertura del dispositivo.
Sin embargo, el tribunal concluyó que la decisión del juzgado de primera instancia fue válida, ya que no se vulneraron garantías del debido proceso ni se acreditó ningún agravio concreto.
Argumentos de los magistrados
La jueza Andrea Cristina Vera explicó que el ofrecimiento de la prueba se realizó en forma y tiempo durante la audiencia preliminar. A su vez, el Ministerio Público justificó adecuadamente su pertinencia.
Según la magistrada, la defensa no apeló el Auto Interlocutorio N.° 157 del 4 de julio de 2024, que ya había autorizado esta extracción. Por ello, no corresponde analizar una supuesta nulidad cuando no se recurrió la resolución original que la habilitaba.
El juez Arnulfo Arias también destacó que el abogado defensor no señaló errores puntuales cometidos por el Tribunal de Sentencia, sino que solo citó hechos de etapas previas ya superadas en el proceso.
En consecuencia, el tribunal —integrado por Vera, Arias y Waldir Servín— resolvió confirmar el A.I. N.º 149 del 5 de marzo de 2025, y la providencia de fecha 10 de febrero del mismo año, desestimando los planteamientos de la defensa.
Antecedentes del proceso
María Virginia Araki está procesada por lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py.
En abril de este año, el mismo Tribunal de Apelación confirmó la prisión preventiva de Araki, vigente desde agosto de 2023. La medida se mantiene ante la posibilidad de obstrucción o fuga, según el fallo del Juzgado Penal de Garantías especializado.
Según el Ministerio Público, Araki habría participado en movimientos financieros y adquisición de bienes con fondos de origen ilícito, colaborando con estructuras del crimen organizado para ocultar el origen del dinero.
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