Embargan bienes de exministra de la SEN y exdirector de UOC por corrupción
La presidenta del Tribunal de Sentencia, Rossana Maldonado, ordenó el embargo de los bienes de Gladys Cardozo, exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), y Aníbal Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). El objetivo es cubrir la suma de Gs. 2.482.950.000, más gastos de justicia estimados en Gs. 248.295.000.
Detalles de la resolución judicial
La resolución detalla la potestad de imponer un embargo preventivo sobre bienes suficientes de los demandados para cubrir la suma reclamada, además de Gs. 248.295.000 fijados provisionalmente para gastos de justicia. Los demandados tienen un plazo de diez días para objetar el mandamiento, según el Art. 444 del Código Procesal Penal. Asimismo, deben constituir domicilio dentro del radio del juzgado en un plazo de 72 horas, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la secretaría del juzgado.
Acción de reparación del daño al Estado
La Procuraduría General de la República obtuvo una resolución favorable para el embargo de bienes de los condenados por hechos de corrupción, en el marco de la acción de reparación del daño derivada de la causa «Gladys Mercedes Nicolasa Cardozo y otros s/ Lesión de Confianza» (Expediente N° 108/2014). El juzgado tramitó la acción de reparación del daño mediante una providencia de mandamiento de embargo.
Condena por lesión de confianza
Según la Sentencia Definitiva N° 182, dictada el 27 de mayo de 2022 por el Tribunal Colegiado de Sentencia Permanente N° 5 de la Capital, se determinó la responsabilidad civil de Gladys Cardozo y Aníbal Benítez. Ambos deberán abonar la suma reclamada por la Procuraduría General de la República como compensación por los perjuicios ocasionados al Estado, debido a la comisión de delitos relacionados con la lesión de confianza.
La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia no admitiera el recurso de casación presentado por la defensa.
Este caso se originó por presuntas compras irregulares de alimentos para asistir a emergencias, que habrían causado un perjuicio patrimonial a la SEN de casi Gs. 2.500 millones.
