El Ministerio Público ha calificado de «ilegal y arbitraria» la resolución de la Cámara de Apelaciones que anuló la acusación fiscal y dispuso el sobreseimiento definitivo de casi todos los procesados en el caso conocido como “tapabocas de oro”.
La fiscal adjunta Soledad Machuca sostiene que esta decisión genera una situación de impunidad grave y pide que el caso sea llevado a juicio oral.
Impugnación de la fiscalía
La fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Soledad Machuca, ha presentado un recurso extraordinario de casación en contra de la resolución del Tribunal de Apelación en lo Penal 3ª Sala de la Capital, que anuló la acusación fiscal y dictó el sobreseimiento definitivo de cinco de los procesados en el caso “tapabocas de oro”.
Machuca argumenta que esta decisión es ilegítima y aumenta la percepción de corrupción en la ciudadanía.
En su escrito, la fiscal asegura que la resolución priva al Estado de obtener la debida protección y perpetúa una grave lesión a las funciones del Estado y la sociedad.
Aplicación errónea de la ley
Según la fiscal adjunta Machuca, los camaristas Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre aplicaron incorrectamente la norma al exigir una congruencia y exactitud entre el relato sucinto de la imputación y la indagatoria respecto a la relación precisa requerida para la acusación.
Machuca señala que, de acuerdo con los artículos 400 y 403 inciso 8 del Código Procesal Penal, la congruencia se requiere entre la acusación, el auto de apertura a juicio y la sentencia definitiva.
En varios fallos, la Corte Suprema ha concluido que es razonable que varíen los hechos plasmados en la imputación y la indagatoria.
Solicitud de juicio oral
El Ministerio Público solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que anule el fallo del Tribunal de Apelaciones y confirme la resolución del juez penal de Garantías Raúl Florentín, que elevó a juicio oral y público la causa por lesión de confianza en el caso de los “tapabocas de oro”.
La fiscalía insiste en que los requerimientos fiscales no son anulables y que la nulidad de la acusación se contrapone a las posturas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia.
Argumentos de los camaristas
Los camaristas Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre votaron por la anulación de la acusación del Ministerio Público en contra de cinco procesados, argumentando que los hechos presentados en la acusación no corresponden con los de la imputación.
El camarista José Waldir Servín, en minoría, votó por declarar inadmisible el recurso planteado por las defensas.
Sánchez sostuvo que la fiscalía adjunta no otorgó suficiente oportunidad a los imputados para declarar sobre los hechos presentados en la acusación, lo que resultó en una falta de indagatoria previa.
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